• Instituciones de gobierno han señalado varias inconstitucionalidades en el proyecto de ley.
• La implementación del salario global debe darse de forma paulatina.

Omar Fdo. Salazar Meneses
Periodista AFITEC

José Manuel Arroyo Gutiérrez, ex magistrado y catedrático de la UCR, dio a conocer, mediante una columna de opinión que realizó en el Semanario Universidad, las razones por las cuales el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público no reúne las condiciones para que sea declarado constitucional.

El ex magistrado, señaló que instituciones como: el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Institucional de la Universidad de Costa Rica, la Contraloría General de la República y varios especialistas han realizado fuertes objeciones y señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades en el texto de este proyecto de ley.

Para Arroyo Gutiérrez, aspectos como la creación de un único sistema para regular el empleo público, donde se abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. 

“El problema en la creación de un único sistema para regular el empleo público es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado”, señaló el catedrático.

Además, para Arroyo, este proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas, así como, el hecho de que se mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades.

Por otra parte, la propuesta del salario global y los mecanismos previstos para igualar el ingreso medio que deben de tener todas las personas funcionarias públicas debe darse de forma paulatina no atropellando los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.

El ex magistrado, concluyó su opinión señalando que a pesar de que la iniciativa para el proyecto de Ley Marco de Empleo Público evidencia la problemática existente en la organización y funcionamiento del Estado, no debe apresurarse su aprobación.

”La iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidad fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos”, destacó José Manuel Arroyo Gutiérrez.